La entrada de hoy tiene por objeto un breve análisis explicativo del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

Tal vez os resulte más familiar el asunto al saber que hablamos del nuevo PLAN DE PAGO PARA PROVEEDORES de las Administraciones Públicas. Se trata en resumen de un  mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

En pocas palabras, el Estado articula un mecanismo a través del cual se adelanta el dinero a los Ayuntamientos y la Comunidades Autónomas para que abonen sus deudas atrasadas con sus proveedores. Se trata de hacer llegar el dinero a las empresas que ostentan créditos contra dichas Administraciones Públicas:

Efectivamente el Real Decreto-ley aclara que se considera proveedor al titular de un derecho de crédito derivado de las relaciones jurídicas que menciona en el artículo 3 al que ahora nos referiremos, así como al cesionario a quien se le haya transmitido el derecho de cobro.

La pregunta es: ¿Qué relaciones jurídicas están incluidas?. La respuesta es que este plan de pago a proveedores es bastante menos restrictivo que otros anteriores. Consultemos el mencionado artículo 3:

a) Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, también en su modalidad de concesión, incluyendo la subvención que se hubiere pactado a cargo de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, servicios, suministros, de colaboración entre el sector público y el sector privado, y los contratos privados de creación e interpretación artística y literaria o espectáculos, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

b) Los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

c) Contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles.

d) Subvenciones otorgadas en el marco de la contratación pública, en concepto de bonificación de las tarifas pagadas por los usuarios por la utilización de un bien o servicio, en la parte financiada por la Comunidad Autónoma o Entidad Local.

e) Conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, incluidos los suscritos con una entidad pública que no se encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma ni Entidad Local en el ámbito de sus respectivos subsectores.

f) Convenios de colaboración, siempre que su objeto sea la realización de actuaciones determinadas a cambio de una contraprestación.

g) Encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración y no se encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma ni Entidad Local en el ámbito de sus respectivos subsectores.

h) Concesiones administrativas.

i) Indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por resolución judicial firme por el concepto ya liquidado judicialmente, siempre que la Administración sea la beneficiaria de la expropiación.

j) Transferencias de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales que desarrollen sus actividades principalmente en el ámbito de los colectivos a los que aluden los artículos 39, 49 y 50 de la Constitución española. Estas obligaciones de pago lo serán hasta el límite de las obligaciones pendientes de pago por parte de la Comunidad Autónoma o la Entidad Local, a 31 diciembre de 2012, a las citadas entidades.

k) Las subvenciones para la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación de las entidades inscritas en el Registro de Centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación del Ministerio de Economía y Competitividad otorgadas por las Comunidades Autónomas.

2. Para el caso de las Comunidades Autónomas se podrán incluir además en esta nueva fase también las obligaciones pendientes de pago previstas en los arts. 9 y 10.

3. Quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional, a excepción de las que deriven de las relaciones jurídicas referidas a las encomiendas de gestión, los conciertos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales y las transferencias previstas en el apartado primero.

 

Es importante anotar que el abono a favor del proveedor conlleva la extinción de la deuda contraída por la Comunidad Autónoma o Entidad Local, según corresponda, con el proveedor por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios.  ¿Qué quiere decir esto? Que el proveedor renuncia a los intereses, las costas y cualquier otro gasto que pudiera reclamar o estar reclamando en vía judicial. Ojo con eso.

 

Si eres proveedor de la Administración Pública y tienes cualquier duda al respecto de la aplicación del Plan de Pagos, o no estás seguro de si te interesa adherirte, contacta con nosotros.

 

IR Lex Abogados es un despacho de abogados de Murcia de carácter multidisciplinar que presta un servicio jurídico integral a particulares y empresas de toda España.